Resumen
En el mundo hay más de 5.000 pueblos indígenas diferentes, a los que pertenecen 476 millones de personas (aproximadamente un 6,2% de la población mundial). Se extienden por más de 90 países de todas las regiones y hablan más de 4.000 lenguas.
Aunque sus costumbres y culturas sean diferentes, los pueblos indígenas viven las mismas duras realidades en todo el mundo. Sus derechos humanos son violados habitualmente por las autoridades estatales, y sufren elevados niveles de marginación y discriminación.
A los pueblos indígenas se les desaloja de las tierras ancestrales que han habitado durante generaciones, y se les restringe el acceso a la educación, la atención de salud y la vivienda. Los defensores y defensoras de los derechos humanos indígenas sufren intimidación, agresiones, y algunas veces incluso son asesinados, a menudo con el apoyo del Estado.
Los pueblos indígenas tienen más probabilidades de vivir en pobreza extrema y sufren tasas más elevadas de carencia de tierras, desnutrición y desplazamiento interno que otros grupos. Suelen tener los índices más elevados de población reclusa, analfabetismo y desempleo, y su esperanza de vida es hasta 20 años más corta que la de la población no indígena.
¿Qué significa ser indígena?
Los pueblos indígenas pueden identificarse a partir de ciertas características:
- La más importante es que se identifican a sí mismos como pueblos indígenas.
- Comparten un vínculo ancestral con quienes habitaron el país o región antes de su colonización o de que otros pueblos adquirieran una posición dominante.
- Tienen una fuerte vinculación con territorios concretos y con los recursos naturales del entorno.
- Tienen sistemas sociales, económicos o políticos diferenciados, que están decididos a mantener y reproducir.
- Tienen una lengua, una cultura y unas creencias propias.
- Están marginados política y socialmente.
¿Cómo podemos utilizar el lenguaje inclusivo al hablar sobre los pueblos indígenas?
El término “pueblos indígenas” se utiliza en documentos como la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El motivo es que, con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos, la palabra “pueblos” tiene una gran importancia jurídica a la hora de afirmar el derecho a la autodeterminación.
A partir de su manual de estilo de 2022, la ONU escribe ahora el término “Indigenous Peoples” con mayúscula inicial, atendiendo a las peticiones de representantes indígenas, con el fin de que actúe como reconocimiento de su condición de pueblos en el derecho internacional y de su derecho a la autodeterminación.
Hay otros términos, como “comunidades”, “grupos” y “minorías”, que suelen utilizarse alternativamente al de “pueblos indígenas”, pero estas alternativas deben emplearse con precaución. Las autoridades estatales pueden utilizar términos alternativos deliberadamente para negar o socavar el derecho a la autodeterminación que implica el término “pueblos indígenas”. Los términos alternativos sólo se utilizarán si el pueblo en cuestión los utiliza para sí.
Aborígenes, Primeras Naciones, indígenas estadounidenses o adivasis pueden ser las denominaciones genéricas preferidas en algunas regiones o contextos. Al referirnos a un pueblo indígena concreto, lo mejor suele ser usar el nombre de ese pueblo.
¿Cómo se violan los derechos humanos de los pueblos indígenas?
Coartando su derecho a la autodeterminación
Aunque algunos pueblos indígenas se autogobiernan, a muchos se les niega el derecho a elegir libremente su gobierno o su sistema político. Y ello a pesar de que los pueblos indígenas se han estado gobernando a sí mismos libremente durante miles de años antes de la llegada de los colonizadores, a partir del siglo XV.
Estos derechos se engloban bajo el término general de autodeterminación, que es un principio vinculante de derecho internacional que hace referencia al derecho de los pueblos a determinar libremente su condición política y a buscar su desarrollo económico, social y cultural, y que está integrado en instrumentos jurídicos como la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, concebida para abordar el impacto del colonialismo en los pueblos indígenas.
Asimilación forzada
Durante los siglos XIX y XX, Canadá arrebató a las familias indígenas sus hijos e hijas y los llevó a internados financiados por las autoridades federales con la intención de asimilarlos a la sociedad canadiense dominante. En esos “internados indios”, no se les permitía hablar su idioma ni expresar su herencia y su identidad cultural. Como resultado, “[s]e esperaba que los pueblos aborígenes dejaran de existir como pueblos diferenciados, con sus propios gobiernos, culturas e identidades. Se calcula que 150.000 niños y niñas de las llamadas Primeras Nacionessufrieron abusos en esas escuelas.
En Australia, también obligaron a asimilarse a la cultura blanca a los niños y niñas indígenas, a quienes se internó en instituciones donde sufrieron abusos y abandono. Estos niños y niñas son conocidos como “las generaciones robadas”.
Violación de su derecho a las tierras de su cultura
Los derechos de propiedad sobre las tierras de los pueblos indígenas también se violan ampliamente.
Con arreglo al derecho internacional, los Estados no pueden reubicar a los pueblos indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado ni sin ofrecerles una indemnización adecuada. Sin embargo, las tierras en las que viven los pueblos indígenas —que albergan el 80% de la biodiversidad del planeta y son ricas en recursos naturales, tales como petróleo, gas y minerales— con frecuencia son objeto de apropiación, venta, arrendamiento o simplemente son expoliadas y contaminadas por gobiernos y empresas privadas. Los defensores y defensoras indígenas de la tierra sufren actos violentos, e incluso son asesinados, cuando tratan de defender su territorio.
Muchos pueblos indígenas han sido desarraigados de sus tierras a causa de políticas discriminatorias o de conflictos armados. A menudo se les priva de recursos y tradiciones que son fundamentales para su identidad, bienestar y supervivencia. Este tipo de situaciones los obliga a huir de sus hogares y trasladarse a pueblos y ciudades, o a sufrir más marginación, pobreza, enfermedades, violencia e incluso a extinguirse como pueblo.
Bloqueo del acceso a la atención sanitaria y otros servicios públicos
La discriminación afecta a la vida diaria de los pueblos indígenas, al restringir sus derechos a la educación, la atención sanitaria y la vivienda.
Atención sanitaria de las mujeres indígenas
Desde India hasta Perú, las mujeres indígenas presentan índices más altos de mortalidad materna, embarazos adolescentes y enfermedades de transmisión sexual, y tienen más probabilidades de sufrir violencia.
Es menos probable que las mujeres indígenas tengan acceso a centros de salud cuando se quedan embarazadas a causa de la discriminación y del mal trato que reciben y, por tanto, tienen más probabilidades de morir al dar a luz. Por ejemplo, en Panamá y Rusia, las mujeres indígenas tienen aproximadamente seis vecesmás probabilidades de morir al dar a luzque las mujeres de la población no indígena.
La tasa de natalidad de las adolescentes amerindias es el doble que el de la población general de Guyana. En Kenia, las mujeres masáis tienen el doble de probabilidades de no recibir atención prenatal, y en Namibia, las mujeres san tienen 10 veces más probabilidades de dar a luz sin atención cualificada.
Servicios de salud pública
La marginación también implica que los pueblos indígenas corren más peligro durante emergencias de salud pública como la pandemia de COVID-19. La falta de acceso a la atención sanitaria y a la información pública, así como a servicios esenciales, como el saneamiento y el agua potable, hizo que la pandemia tuviera un impacto desproporcionado sobre los pueblos indígenas.
El hecho de que muchos Estados no consultaran adecuadamente a los pueblos indígenas al desarrollar los planes de respuesta ante la COVID-19 agravó los efectos de este impacto. Esto supuso que las políticas no se ajustaran a sus necesidades específicas. Por ejemplo, era frecuente que la información sobre salud pública no se facilitara en lenguas indígenas.
Los pueblos indígenas también tienen más probabilidades de contraer enfermedades como malaria, tuberculosis y VIH.
Educación
Sigue existiendo una brecha educativa a escala mundial entre los niños y niñas indígenas y sus pares. A menudo los sistemas educativos no responden a las necesidades particulares de los pueblos indígenas, y uno de los obstáculos es la falta de docentes que hablen su idioma.
Esto se agrava debido a que los pueblos indígenas tienen un nivel más bajo de acceso a ordenadores y a Internet (la llamada “brecha digital”).
Caso: COVID-19
Ya antes de la pandemia de COVID-19, las personas indígenas tenían menor acceso a la educación que las no indígenas debido a su prolongada y sistemática discriminación.
La pandemia de COVID-19 subrayó y agravó estas disparidades. El menor acceso de los niños y las niñas indígenas a ordenadores y a Internet hizo que quedaran al margen de las oportunidades educativas cuando estalló la pandemia.
La pandemia incrementó aún más el impacto de esta “brecha digital” entre el alumnado indígena y el no indígena, pues las escuelas cerraron y las clases comenzaron a impartirse online. Muchos niños y niñas indígenas, especialmente en las zonas rurales, carecían de acceso a dispositivos y conexión a Internet para poder incorporarse a las clases virtuales. Además, estaba el problema del elevado costo de Internet, la poca fiabilidad o velocidad de la red o su inexistencia, y los frecuentes cortes de suministro eléctrico.
Estos efectos podrían haberse evitado si los gobiernos hubieran tenido en cuenta las necesidades del alumnado indígena en sus planes de respuesta a la COVID-19. En la mayoría de los países no se incluyó a los pueblos indígenas en la elaboración de esos planes. El no haber consultado a las personas marginadas tuvo como consecuencia que a los pueblos indígenas se les negaran algunos de sus derechos más fundamentales, entre otros, el derecho a la educación y a la atención sanitaria.
Aunque ya se han reabierto las escuelas, los efectos de la pandemia en los niños y las niñas indígenas continúan en forma de retraso académico y abandono escolar.
El impacto del cambio climático
A pesar de que su contribución a las emisiones de carbono mundiales es mínima, los pueblos indígenas están entre los primeros que se enfrentan a las consecuencias directas del cambio climático. Su estrecha relación con el medioambiente natural hace que el cambio climático suponga un extraordinario peligro para su forma de vida. El cambio climático amenaza los hábitats y los ecosistemas de los que dependen los pueblos indígenas para obtener comida, agua, medicamentos y medios de vida, así como su identidad.
Los pueblos indígenas también se ven desproporcionadamente afectados por las prospecciones y la extracción de combustibles fósiles, ya que debido a su marginación política les resulta más difícil oponerse a ellas. Las empresas que explotan estos recursos con frecuencia vulneran los derechos de estas comunidades a la información, a la participación pública y al consentimiento libre, previo e informado. Por ejemplo, Amnistía Internacional ha mostrado que las comunidades adivasis afectadas por la minería de carbón en India rara vez son consultadas adecuadamente antes de que sus tierras sean adquiridas, sus ecosistemas, diezmados, y sus medios de vida, puestos en peligro.
Los pueblos indígenas también desempeñan un papel fundamental en la lucha contra el cambio climático. Aunque representan sólo el 6,2% de la población mundial, salvaguardan el 80% de la biodiversidad del planeta.
Su profundo conocimiento del mundo natural hace que, en los lugares donde controlan la tierra, florezcan los bosques y la biodiversidad. Su empleo sostenible de la tierra contrarresta el cambio climático y fomenta la resiliencia frente a las catástrofes naturales.
Debemos apoyar a los pueblos indígenas y preservar este conocimiento como una herramienta fundamental para proteger el medioambiente y abordar el cambio climático.
Colonialismo verde
Dirigentes indígenas, pueblos pescadores, comunidades afrodescendientes, campesinos/as, otras comunidades que dependen de la tierra y activistas ambientales están trabajando incansablemente para aumentar la presión sobre los gobiernos y las empresas del Norte global y que se tomen en serio la pérdida de biodiversidad y el cambio climático. A simple vista, podría parecer que estas potencias mundiales, muchas de ellas potencias coloniales, al fin comienzan a asumir su responsabilidad por la nefasta destrucción que han causado en nuestro planeta.
Pero los países del Norte global en su mayor parte han renunciado a intentar restaurar la biodiversidad en su territorio. En lugar de eso, promueven modelos militarizados de conservación en fortalezas en países del Sur global. A menudo seleccionan territorios de pueblos indígenas, que son expulsados para poder incorporar sus tierras a parques nacionales. Esta práctica ha sido documentada por Amnistía en Tanzania, Uganda, Kenia, Nepal y Camboya.
Este fenómeno se denomina “colonialismo verde” y explica cómo los Gigantes Verdes (grandes ONG del Norte global dedicadas a la conservación del medioambiente) están funcionando, con la financiación de sus gobiernos, de una manera que refuerza el poder colonial sobre los pueblos indígenas..
Al no trabajar codo con codo con los pueblos indígenas ni aprovechar sus conocimientos científicos centenarios sobre la naturaleza y su conservación, estas organizaciones no abordan eficazmente la pérdida de biodiversidad.
Últimamente, los créditos de carbono ofrecen un incentivo financiero a los gobiernos para expulsar a las comunidades de sus tierras. Esto se presenta falsamente como una forma de salvar la biodiversidad y cumplir con la obligación de los países del Norte global de reducir las emisiones de carbono. En la práctica, se está descubriendo el carácter fraudulento de proyectos enteros de créditos de carbono y su escasa o nula contribución a la recuperación forestal.
Ataques contra activistas que defienden los derechos indígenas y ambientales
Los defensores y defensoras ambientales están en primera línea en la lucha por la justicia climática, especialmente en las Américas, la región más letal del mundo para quienes defienden la tierra, el territorio y el medioambiente.
En 2022, según Global Witness, 177 personas fueron asesinadas por defender el medioambiente –una cada dos días–, y casi el 88% de ellas en las Américas. Colombia fue el país más peligroso para los defensores y defensoras de los derechos ambientales, con 60 asesinatos, y Brasil, México y Honduras también estuvieron entre los cinco primeros. El 34% de los asesinatos perpetrados durante el año fueron de indígenas.
Amnistía Internacional ha documentado reiteradamente cómo las personas defensoras de los derechos ambientales en las Américas son intimidadas, atacadas, hostigadas o asesinadas, especialmente cuando se enfrentan con sus reivindicaciones a poderosos intereses económicos y políticos, que a menudo actúan con impunidad. Invariablemente, la mayoría de estos delitos no se investigan adecuadamente y casi nunca se hace justicia.
A pesar de los enormes riesgos, indígenas y otras personas que se dedican al activismo en todas las Américas siguen movilizándose para proteger el medioambiente. Sobre ellas recae gran parte de la labor de conservar el medioambiente, proteger y cuidar el 22% de la superficie terrestre del planeta y el 80% de la biodiversidad restante.
Caso: Berta Cáceres en Honduras
Berta Cáceres, defensora de los derechos humanos hondureña, pasó decenios haciendo campaña por el medioambiente y los derechos de los pueblos indígenas. Esta labor es especialmente arriesgada en Honduras, uno de los lugares más peligrosos del planeta para los defensores y defensoras de los derechos humanos.
Desde 2013, Berta encabezó junto con el COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) una campaña contra la construcción de la represa hidroeléctrica de Agua Zarca en la comunidad de Río Blanco, que hubiera interferido en el curso del río Gualcarque, un lugar sagrado para la comunidad indígena lenca además de una valiosa fuente de alimentos y agua potable.
El valeroso activismo de Berta le granjeó poderosos enemigos. Junto con otras personas que trabajaban en la campaña, sufrió hostigamiento e incluso amenazas de muerte, algo a lo que ya estaba acostumbrada. A pesar de eso, las autoridades no le proporcionaron ni a ella ni a ninguno de sus compañeros y compañeras protección adecuada, y el 2 de marzo de 2016 dos hombres armados irrumpieron en su casa de Intibucá y la mataron a tiros.
Tras una larga lucha para conseguir justicia, en junio de 2022, David Castillo, ex directivo de la empresa constructora de la represa hidroeléctrica, fue condenado a 22 años de cárcel por organizar el asesinato de Berta.. Otras siete personas ya habían sido condenadas a penas de prisión en 2019. Los familiares de Berta y el COPINH siguen exigiendo que todos los responsables de este crimen rindan cuentas de sus actos.
¿Qué hace Amnistía para ayudar a los pueblos indígenas?
Amnistía Internacional trabaja en defensa de los derechos de los pueblos indígenas de todas las regiones del mundo y exige a los Estados aplicar y desarrollar leyes que se necesitan con urgencia para proteger sus tierras, sus culturas y sus medios de vida.
En el ámbito internacional, los pueblos indígenas han hecho oír sus voces y han presionado eficazmente a los gobiernos. Amnistía los ha apoyado, por ejemplo, en la elaboración de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
La organización también apoya a los pueblos indígenas en la reclamación de sus tierras. Por ejemplo, después de más de 20 años de vivir en condiciones deplorables junto a una transitada carretera, la comunidad indígena sawhoyamaxa de Paraguay ganó la batalla legal para volver a sus tierras ancestrales en 2014.
Los indígenas sólo lloramos cuando logramos nuestra libertad. Y hoy es como si estuviéramos saliendo de una cárcel. Por eso, muchos lloraron de la emoción.
Carlos Marecos, líder comunitario de la comunidad indígena sawhoyamaxa
Actúa para apoyar a los pueblos indígenas ya
FIRMA UNA PETICIÓN PARA APOYAR A LOS DEFENSORES Y DEFENSORAS DE LA TIERRA WET’SUWET’EN
Los defensores y defensoras de la tierra del territorio wet’suwet’en se enfrentan a cargos penales en Canadá por sus esfuerzos por detener la construcción de un gasoducto que destruiría el lugar donde viven.