Los beneficios de las normas internacionales del trabajo

El trabajo decente resume las expectativas del ser humano en lo que se refiere al trabajo. Ello supone el acceso a un trabajo productivo y debidamente remunerado, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social de las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal y de inclusión social, la libertad de los individuos para expresar sus reivindicaciones, organizarse y participar en la toma de las decisiones que afecten en su vida, así como la igualdad de oportunidades y de trato para todas las personas, tanto para los hombres como para las mujeres.

El trabajo decente no es un mero objetivo, sino un medio para la consecución de los logros concretos del nuevo programa internacional de desarrollo sostenible. Durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2015, el trabajo decente y los cuatro pilares del Programa de Trabajo Decente -creación de empleo, protección social, derechos laborales y diálogo social- se convirtieron en elementos centrales de la nueva Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible . En el objetivo 8 de Agenda 2030  se invita a promover el crecimiento económico constante, inclusivo y sostenible, el pleno empleo y productivo y el trabajo decente. Además, los principales aspectos del trabajo decente se incorporan ampliamente en las metas de muchos de los 16 objetivos de la nueva visión de desarrollo de las Naciones Unidas.

La consecución de la meta del trabajo decente en la economía globalizada requiere la adopción de medidas en el plano internacional. La comunidad internacional responde a este desafío, en parte desarrollando instrumentos jurídicos internacionales sobre comercio, finanzas, medio ambiente, derechos humanos y trabajo. La OIT contribuye a este marco jurídico elaborando y promoviendo normas internacionales del trabajo orientadas a garantizar que el crecimiento económico y el desarrollo vayan de la mano de la creación de trabajo decente. La estructura tripartita, única de la OIT, garantiza que estas normas sean respaldadas por los gobiernos, los empleadores y los trabajadores. En consecuencia, las normas internacionales del trabajo establecen las normas sociales mínimas básicas acordadas por todos aquellos que participan en la economía global.

Un marco jurídico internacional sobre las normas sociales garantiza el establecimiento de condiciones de igualdad en la economía global. Ayuda a los gobiernos y a los empleadores a no caer en la tentación de reducir las normas del trabajo creyendo que ello podría darles una mayor ventaja comparativa en el comercio internacional. En el largo plazo, estas prácticas no benefician a nadie. La reducción de las normas del trabajo puede incentivar la generalización de salarios bajos, una formación deficiente y mucha rotación de personal en las industrias, impidiéndose, de este modo, que un país genere empleos más estables y calificados. Al mismo tiempo, tales prácticas dificultan que los socios comerciales desarrollen sus economías. Debido a que las normas internacionales del trabajo son normas mínimas adoptadas por los gobiernos y los interlocutores sociales, deberá ser interés de todos que esas normas se apliquen de manera general para que aquellos que no lo hicieran no socaven los esfuerzos de los que sí lo hacen.

En ocasiones se considera que las normas internacionales del trabajo son costosas y, por consiguiente, un obstáculo para el desarrollo económico. Sin embargo, cada vez más estudios demuestran que el cumplimiento de estas normas conlleva a menudo una mejor productividad y rendimiento económicos.

Las normas sobre el salario mínimo y el tiempo de trabajo y la observancia de la igualdad pueden conllevar una mayor satisfacción y un mejor rendimiento de los trabajadores y, por lo tanto, una menor rotación del personal. Las inversiones en formación profesional pueden redundar en una mano de obra con mejor formación y en niveles más elevados de empleo. Las normas sobre seguridad en el trabajo pueden reducir el número de accidentes de alto costo y los gastos de atención médica. La seguridad en el empleo puede motivar a los trabajadores a asumir riesgos y a innovar. Una protección social que prevea sistemas de prestación por desempleo y políticas de empleo activas puede mejorar la flexibilidad del mercado de trabajo y permitir que la liberalización económica y las privatizaciones sean sostenibles y más aceptables para la población. La libertad de asociación y la negociación colectiva pueden mejorar la cooperación y la consulta entre trabajadores y empleadores, lo que se traduce en mejores condiciones de trabajo y en una reducción del número de conflictos laborales onerosos, así como en una mayor estabilidad social.

Los efectos beneficiosos de las normas del trabajo no pasan desapercibidos para los inversores extranjeros. Diversos estudios han demostrado que, en los criterios para la elección de los países en los que invertir, los inversores extranjeros valoran más la calidad de la mano de obra y la estabilidad política y social que los bajos costes de la mano de obra. Tampoco existen pruebas suficientes que demuestren que los países que no respetan las normas laborales sean más competitivos en la economía global. Por último, las normas internacionales del trabajo permiten no solo responder a los cambios en el mundo del trabajo para la protección de los trabajadores, sino también tener en cuenta las necesidades de las empresas sostenibles.

Incluso las economías que crecen rápidamente y poseen una fuerza laboral altamente calificada pueden verse afectadas por una recesión económica inesperada. La crisis financiera asiática de 1997, la explosión de la burbuja tecnológica en el año 2000 y la crisis económica y financiera de 2008 pusieron de manifiesto la manera en que decenios de crecimiento económico pueden desplomarse por las graves devaluaciones de la moneda y por la caída de los precios del mercado. Por ejemplo, durante la crisis asiática de 1997, así como durante la crisis de 2008, el desempleo aumentó significativamente en muchos de los países afectados. Los efectos desastrosos que estas crisis tuvieron sobre los trabajadores se vieron agravados por el hecho de que, en muchos de estos países, los sistemas de protección social (especialmente de seguros de desempleo y seguros médicos), las políticas activas de empleo y el diálogo social se encontraban poco desarrolladas.

La adopción de un enfoque equilibrado entre el empleo y los objetivos macroeconómicos, teniendo en cuenta al mismo tiempo las repercusiones sociales, puede contribuir a hacer frente a estos retos.

El desarrollo económico siempre ha dependido de la aceptación de las normas. La legislación y las instituciones jurídicas vigentes garantizan los derechos de propiedad, el cumplimiento de los contratos, la observancia de los procedimientos y la protección contra los delitos, que son elementos jurídicos de una buena gobernanza, sin los cuales ninguna economía puede funcionar. Un mercado regulado por un conjunto de normas e instituciones justas es más dinámico y beneficioso para todos. Esto mismo se aplica al mercado laboral. Las prácticas laborales justas establecidas por las normas internacionales del trabajo y aplicadas a través de los sistemas jurídicos nacionales garantizan un mercado de trabajo estable y dinámico, tanto para los trabajadores como para los empleadores.

En muchas economías en desarrollo y en transición, una gran parte de la mano de obra trabaja en el sector informal. Además, estos países a menudo carecen de la capacidad de impartir una justicia social efectiva. Sin embargo, las normas internacionales del trabajo también pueden ser instrumentos eficaces en estas situaciones. La mayor parte de las normas de la OIT se aplican a todos los trabajadores, no sólo a los que trabajan con arreglo a acuerdos formales de trabajo. Algunas normas, como las relativas a los trabajadores a domicilio, los trabajadores migrantes, los trabajadores rurales o los pueblos indígenas y tribales, en realidad se refieren específicamente a ciertas áreas de la economía informal. Se ha demostrado que la consolidación de la libertad de sindical, la ampliación de la protección social y el fortalecimiento de la seguridad y la salud en el trabajo, el desarrollo de la formación profesional, así como otras medidas requeridas por las normas internacionales del trabajo constituyen una estrategia eficaz para reducir la pobreza y alentar a los trabajadores a integrarse a la economía formal. Por otra parte, las normas internacionales del trabajo exigen la creación de instituciones y mecanismos que permitan la observancia de los derechos laborales. Si se combinan con un conjunto de derechos y normas claramente definidos, el funcionamiento de las instituciones jurídicas puede contribuir a formalizar la economía y a crear un clima de confianza y de orden que es esencial para el crecimiento y el desarrollo económicos.

Las normas internacionales del trabajo son el resultado de las discusiones celebradas entre los gobiernos, los empleadores y los trabajadores en consulta con expertos de todo el mundo. Representan el consenso internacional sobre la manera en que pueden abordarse problemas laborales concretos a escala global y reflejan los conocimientos y la experiencia predominantes en todo el mundo. Los gobiernos, las organizaciones de empleadores y de trabajadores, las instituciones internacionales, las empresas multinacionales y las organizaciones no gubernamentales pueden beneficiarse con estos conocimientos, incorporando las normas a sus políticas, a sus objetivos operativos y a sus acciones cotidianas. Dada su naturaleza jurídica, las normas internacionales del trabajo pueden utilizarse en los diversos ordenamientos jurídicos y en el ámbito administrativo a escala nacional e integrarse en el corpus del derecho internacional para promover una mayor integración de la comunidad internacional.