Fernando Villavicencio fue procesado por el delito de divulgación de información. Foto: Archivo EL COMERCIO
El uso del grillete electrónico tiene como objetivo reemplazar la prisión preventiva. En el 2014 se incluyó en el Código Penal la posibilidad de emplearlo como una medida cautelar y para garantizar la comparecencia de una persona a un juicio.
Sin embargo, su aplicación comenzó en el 2017 y el Estado invirtió USD 14 millones en la compra de los dispositivos y en sistema de monitoreo satelital.
Desde entonces, los sospechosos de delitos comunes y personajes públicos han debido llevar este aparato en sus tobillos por orden judicial. En los últimos años, por ejemplo, 12 personas han usado o usan los grilletes.
Entre estas se encuentran los procesados en el caso Sobornos 2012-2016. Los jueces ordenaron su aplicación tras levantar la prisión de María de los Ángeles Duarte, exministra de Transporte y Obras Públicas; Pamela Martínez, exasesora de Rafael Correa; y Laura Terán, antigua asistente de Martínez, en la Presidencia de la República.
En la lista también se encuentran la prefecta Paola Pabón y Virgilio Hernández, quienes estuvieron presos por supuesta rebelión, tras las protestas del octubre del 2019. Luego de recuperar la libertad un juez dispuso que sean monitoreados satelitalmente.
Según el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad, entidad que gestiona el uso de los grilletes, actualmente el 62% de los aparatos están dañados. Es decir, de los 4 000 que se adquirieron hoy no sirven 2 477.
Otros personajes públicos que usaron los aparatos son el exasambleísta Cléver Jiménez y Fernando Villavicencio, procesados por el delito de divulgación de información; los exministros Iván Espinel y Fernando Alvarado. Este último se retiró la tobillera en el 2018 y huyó a Venezuela. Actualmente está prófugo por un supuesto peculado (ver lista completa).